La reforma al sistema antidumping busca reducir abusos y mejorar la competencia entre productos. Para ello, el principal cambio es que se estableció un plazo de tres años como máximo de duración para las medidas antidumping, con la posibilidad de una única extensión de dos años. Hasta ahora podían renovarse ilimitadamente.

Los derechos antidumping se aplican cuando un producto importado se vende a un precio inferior al valor de mercado de su país de origen, generando competencia desleal con los productos nacionales.

La Resolución establece que las investigaciones previas a la aplicación de derechos antidumping, que antes podían durar hasta 12 meses, tendrán un plazo máximo de 8 meses.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía participarán en el análisis de casos, asegurando que las decisiones tomen en cuenta tanto el interés público como el de los consumidores.

Con esta reforma, se busca fomentar la competencia, restituir la función original de los derechos antidumping y promover un comercio exterior más transparente y equilibrado.