El Decreto introduce una profunda modernización en el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria previsto en la Ley N° 26.589. En línea con los procesos de digitalización judicial impulsados por la Corte Suprema, la norma reconoce la validez plena de las audiencias realizadas por videoconferencia y otras herramientas tecnológicas, siempre que se respete la identificación de las partes y los principios esenciales del procedimiento.

La medida reemplaza la reglamentación anterior del Decreto N° 1467/2011 y establece que el Ministerio de Justicia deberá implementar, en un plazo de 180 días, un Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria. Este sistema permitirá gestionar íntegramente los expedientes de mediación de forma digital, incluyendo la notificación electrónica a las partes, la generación y firma digital de las actas, y la interoperabilidad con el Poder Judicial, mediadores, centros de mediación y entidades formadoras.

Asimismo, se prevé que los mediadores y las partes constituyan un domicilio electrónico válido para recibir notificaciones, y que las audiencias virtuales y presenciales gocen de la misma validez jurídica. De este modo, el Decreto busca consolidar el uso de medios electrónicos como un canal ágil, seguro y eficiente para la resolución extrajudicial de conflictos.

La reforma se apoya en la experiencia adquirida durante los últimos años, donde el uso de plataformas digitales demostró su eficacia para garantizar accesibilidad, celeridad y reducción de costos. El Decreto instruye además al Ministerio de Justicia a dictar las normas complementarias y a celebrar los convenios necesarios para su implementación, que podrá prorrogarse por hasta 90 días adicionales.

En suma, marca un paso significativo hacia la digitalización integral de la mediación prejudicial en Argentina, reforzando el acceso a la justicia a través de herramientas tecnológicas que aseguren transparencia, celeridad y seguridad jurídica.

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