Mediante la Resolución 35/23 la Unidad de Información Financiera modificó el procedimiento respecto a las PEP, con el fin de adecuarse a los estándares internacionales y a las buenas prácticas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se sigue manteniendo la condición por 2 años, pero se establece que luego del cumplido el período, cada sujeto obligado deberá evaluar el nivel de riesgo del cliente o beneficiario final, considerando la relevancia de la función desempeñada, la potestad de disposición y/o administración de fondos, la antigüedad en la función pública ejercida, entre otros factores de riesgo que habrá de ponderar en cada caso.