La Resolución 14/22 de la IGJ dispuso modificaciones para delimitar las obligaciones de las asociaciones civiles diferenciándolas en tres categorías distintas, por los ingresos que poseen en su ejercicio económico anual. El fundamento de dicha decisión fue que, hay una gran cantidad de entidades de este tipo, y la diversidad de sus objetos sociales y capacidades económicas, tienen como consecuencia el incumplimiento registral.

La norma comenzara a regir el 2 de enero de 2023.