Varias asociaciones de defensa de los consumidores dedujeron una acción de amparo colectivo en procura de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de algunas resoluciones del ENRE que disponían la implementación de un nuevo cuadro tarifario, aplicable a los usuarios del servicio público energético; el juez la rechazó.

La acción de amparo interpuesta por una asociación que defiende los intereses de los consumidores tendiente a que se declare la nulidad de las resoluciones del Ente Regulador de Electricidad que dispusieron la implementación de un nuevo cuadro tarifario debe rechazarse, pues expedirse sobre los efectos que la tarifa actual produce sobre la totalidad de los usuarios residenciales no es posible, ya que el universo de situaciones y supuestos que se pretende abarcar en la demanda —electrodependientes, beneficiarios de tarifa social, usuarios de determinadas categorías e entidades de bien público— y las particularidades socioeconómicas propias de cada uno impiden concluir, con un mínimo de certeza, que la conducta cuestionada haya tenido un efecto común sobre todo el colectivo involucrado; máxime cuando no hay inconvenientes para que cada sujeto afectado pueda iniciar una acción individual.