La Secretaría de Energía dictó la Resolución con el objetivo de adecuar los precios mayoristas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y del Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Tierra del Fuego (MEMSTDF) a las condiciones actuales del sector y en el marco de la política de sinceramiento tarifario impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional. La medida complementa la Resolución 334/2025, que había aprobado la reprogramación trimestral de invierno y fijado los precios estacionales para el período agosto-octubre de 2025.

El nuevo esquema tarifario se dicta en el contexto de la emergencia energética y económica declaradas por los Decretos 55/2023, 1.023/2024 y 370/2025, y tiene como finalidad consolidar el proceso de desinflación sin comprometer la sustentabilidad del sistema eléctrico. En ese sentido, el Ministerio de Economía instruyó a la Secretaría de Energía a ajustar los precios y tarifas del sector a partir de septiembre, procurando reflejar los costos reales del abastecimiento y garantizar la continuidad del servicio.

La Resolución establece que los Precios de Referencia de la Potencia y los Precios Estabilizados de la Energía serán aplicables a la demanda declarada por los agentes distribuidores y prestadores del servicio público de distribución de electricidad en el MEM y el MEMSTDF, tanto para el abastecimiento de sus propios usuarios como para los de otros prestadores dentro de su área de influencia. Los valores correspondientes se detallan en los anexos publicados en el Boletín Oficial.

Asimismo, se dispuso la actualización del recargo destinado al Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE), fijándolo en $1.647 por megavatio hora a partir del 1° de agosto de 2025, conforme a lo previsto en el artículo 30 de la Ley 15.336, sustituido por el Decreto 450/2025. Este recargo se integra con los precios que abonan los compradores del mercado mayorista, incluidos distribuidores y grandes usuarios, y constituye una de las fuentes de financiamiento del fondo.

La Secretaría de Energía destacó que los agentes prestadores del servicio público de distribución deberán informar los volúmenes de energía adquiridos, los cuales deberán ser respaldados por los entes reguladores o autoridades locales competentes en cada jurisdicción, con el fin de asegurar una asignación adecuada de los subsidios y un mayor control sobre la aplicación de los nuevos precios.

La medida refuerza el proceso de actualización tarifaria iniciado en 2024 y busca equilibrar los objetivos de sostenibilidad económica del sistema eléctrico con la protección de los usuarios residenciales, que continuarán recibiendo las bonificaciones previstas según su nivel de segmentación.

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