En este contexto, la Resolución 66/2026 (en adelante, la «Resolución») establece un nuevo esquema integral para el funcionamiento del sistema de transporte de gas natural, dejando atrás el modelo previo basado en condiciones de oferta y demanda hoy superadas. La norma reconoce que los cambios en las cuencas productivas —especialmente el desplazamiento del abastecimiento hacia la Cuenca Neuquina— y la caída de suministros desde el norte del país y Bolivia obligan a rediseñar tanto los flujos como la utilización de la infraestructura existente.

Uno de los ejes centrales de la medida es la aprobación de un Anexo que estructura la reconfiguración en tres componentes clave. En primer lugar, se dispone la reasignación de la capacidad de transporte, lo que implica redistribuir los volúmenes contratados para adecuarlos a las nuevas condiciones del sistema, priorizando un uso más eficiente y acorde a la demanda actual.

En segundo lugar, se redefinen las rutas de transporte por licenciataria, incluyendo la modificación de flujos, la creación de nuevas rutas y la eliminación de otras, en función de la nueva lógica de abastecimiento. Finalmente, se establecen lineamientos para la asignación de capacidad disponible mediante concursos abiertos, bajo principios de acceso abierto, no discriminación y transparencia, favoreciendo la competencia entre cargadores.

Asimismo, la Resolución deja sin efecto el Programa Transport.Ar, al considerar que no cumplió plenamente sus objetivos y que resulta necesario avanzar hacia un esquema basado en inversión privada y menor intervención estatal, en línea con las reformas introducidas por la Ley de Bases. En este sentido, se busca fomentar el desarrollo de infraestructura mediante iniciativas privadas y mejorar la eficiencia en la asignación de recursos.

Otro aspecto relevante es la instrucción a ENARSA y CAMMESA para rescindir, en un plazo acotado, el contrato de transporte firme sobre el Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), así como otros acuerdos que limiten el uso eficiente de la capacidad instalada. Esta decisión se fundamenta en la baja utilización efectiva del contrato y en la necesidad de liberar capacidad para su reasignación bajo criterios más eficientes y competitivos.

La norma también prevé la revisión del marco regulatorio vigente, incluyendo la promoción de la derogación del Decreto 689/2002 —que establecía un régimen excepcional para contratos de exportación— y la adecuación de los criterios tarifarios definidos en normativa más reciente, a fin de eliminar distorsiones y unificar condiciones para todos los usuarios del sistema.

Por su parte, el ente regulador (ENARGAS o el futuro ente unificado de gas y electricidad) tendrá un rol central en la implementación de la medida. Deberá ejecutar la reasignación de capacidades, adecuar los reglamentos de servicio, aprobar nuevos cuadros tarifarios —previa instancia de participación ciudadana— y garantizar la integración operativa del sistema, incluyendo los activos de ENARSA. También deberá asegurar que los cambios no afecten los ingresos de las licenciatarias definidos en la última revisión tarifaria.

En materia tarifaria, se establece que deberán contemplarse los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura existente, así como mantener la proporcionalidad de los cargos fideicomiso asociados al sistema. Además, se habilita la posibilidad de ajustar factores de carga para reflejar adecuadamente los nuevos costos en la demanda, particularmente en el segmento residencial.

En definitiva, la Resolución marca un punto de inflexión en la regulación del transporte de gas natural en Argentina, avanzando hacia un sistema más flexible, integrado y orientado al mercado, con el objetivo de garantizar el abastecimiento, optimizar el uso de la infraestructura y promover inversiones en un contexto de transformación estructural del sector energético.

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