Ante las limitaciones estructurales y de capacidad en las redes de transporte eléctrico —especialmente en el NOA, NEA, Cuyo y el AMBA— y con el objetivo de evitar nuevos eventos de colapsos de tensión y restricciones de suministro, el Ministerio de Economía dictó la Resolución, publicada el 29 de mayo de 2025.

La norma se enmarca en la emergencia energética declarada por los Decretos 55/2023 y 1023/2024, y da continuidad a los lineamientos del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión aprobado por la Resolución 507/2023 de la Secretaría de Energía.

Se prioriza especialmente el proyecto “AMBA I”, cuya implementación permitiría una significativa reducción de costos mediante la incorporación de nuevas centrales de generación eléctrica más eficientes al SADI. El ahorro estimado es de USD 912 millones a valor presente.

La norma habilita que las obras de ampliación sean ejecutadas bajo el esquema de concesión de obra pública, conforme al régimen previsto por la Ley 17.520, que fue actualizado por la Ley 27.742 y reglamentado por el Decreto 713/2024.

El modelo concesional prevé:

Remuneración mensual directa al concesionario a través de CAMMESA (Organismo Encargado del Despacho).

Aplicación de una tarifa de ampliación de transporte a los usuarios beneficiarios de las obras.

Operación y mantenimiento a cargo del concesionario, con rol de Transportista Independiente bajo supervisión del transportista titular.

Al finalizar el contrato, las obras deberán ser transferidas gratuitamente al Estado Nacional, quedando excluidas de la base tarifaria futura.

Además, la Secretaría de Energía fue facultada para reglamentar detalles técnicos y aclarar aspectos del procedimiento, e incorporar el régimen concesional como modalidad formal en los “Procedimientos” para la programación del sistema eléctrico.

También se establece que la emisión del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública implicará la aprobación automática de las servidumbres administrativas de electroducto conforme la Ley 19.552.

La Resolución representa un paso decisivo hacia un modelo de participación privada en infraestructura energética crítica, con reglas contractuales claras y herramientas de financiamiento específicas. El esquema apunta a resolver con urgencia las restricciones estructurales del sistema eléctrico argentino sin incrementar el gasto público, facilitando la expansión del sistema y mejorando la seguridad del suministro.

 

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