La Resolución General IGJ Nº 34/2020, emitida el 3 de agosto de 2020, estableció que diversas entidades, como asociaciones civiles, simples asociaciones, sociedades anónimas, fundaciones y sociedades del Estado, debían asegurar la diversidad de género en sus órganos de administración y fiscalización. Esta medida implicaba que dichos órganos debían contar con igual cantidad de miembros femeninos que masculinos, e incluso, en casos de número impar, debían integrarse de forma mixta con un mínimo de un tercio de miembros femeninos. Posteriormente, la Resolución General IGJ Nº 35/2020, del 11 de agosto de 2020, modificó el plazo de entrada en vigencia de la normativa debido a la incertidumbre generada por la situación sanitaria.

Sin embargo, estas resoluciones generaron controversia y fueron impugnadas judicialmente. Los tribunales de alzada declararon la invalidez de las normas, argumentando que la IGJ excedió sus facultades al imponer normas imperativas en esta materia, que corresponderían al ámbito legislativo. Las decisiones judiciales indicaron que la legislación constitucional y electoral otorga al Congreso la facultad de legislar sobre la igualdad de género en los cargos electivos y partidarios, pero no a la IGJ.

Estas sentencias de los tribunales de alzada llevaron a la IGJ a apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin embargo, sus recursos fueron rechazados. Ante esta situación, se decidió dejar sin efecto las resoluciones generales invalidadas por la Justicia, aunque se dejó abierta la posibilidad de reconsiderar la situación en el futuro o implementar otros mecanismos que promuevan la igualdad de género dentro del ámbito de competencia de la IGJ.

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