Esto se basó en la interpretación de que la Inspección General de Justicia (IGJ) tiene el deber de garantizar la publicidad material y formal de los registros, asegurando el acceso público a la información relevante. Sin embargo, esta resolución fue criticada por exceder las funciones regulatorias asignadas por ley al imponer la divulgación de deliberaciones privadas no sujetas a registro.

Además, se argumentó que contravenía la protección de datos personales establecida en la Ley Nº 25.326. Por tanto, se resolvió sustituir el último párrafo del artículo 37 de la Resolución General IGJ N° 7/2015 para exigir la transcripción completa solo de las partes pertinentes de los actos sociales en los instrumentos presentados para registro.

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