La Ley N° 14.499, junto con sus enmiendas, impuso a las instituciones bancarias la obligación de solicitar a los empleadores una constancia de cumplimiento de obligaciones previsionales antes de conceder créditos. Esta disposición también estableció que los empleadores debían obtener dicha constancia del organismo recaudador o, en su defecto, presentar una declaración jurada avalada por dicho organismo, atestiguando la inexistencia de deudas.

En este contexto, la AGIP aprobó a través de la Resolución General Nº 4.128/2017 un servicio con Clave Fiscal denominado «Consulta para Entidades Financieras de Deudores Previsionales», con el fin de facilitar a las entidades financieras la verificación de la regularización de las obligaciones previsionales de los empleadores.

Sin embargo, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 del 20 de diciembre de 2023, se tomaron medidas para mejorar y simplificar los trámites, derogando en su artículo 39 la Ley N° 14.499 y sus modificaciones.

En consecuencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está revisando los diferentes registros y regímenes de información implementados que podrían obstaculizar la agilización de procesos, la facilitación del comercio y la eliminación de costos desproporcionados.

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