La resolución analiza una serie de modificaciones introducidas por la Resolución General IGJ N° 20/2020 en relación con los poderes otorgados al representante del administrador domiciliado en el extranjero en las SAS. Se señala que estas modificaciones exceden las facultades reglamentarias del organismo, ya que no están respaldadas por la ley y afectan la autonomía de la voluntad de los particulares. Además, se argumenta que la inscripción de los poderes de representación no es competencia de la IGJ según las disposiciones legales vigentes.

Se destaca que los contratos de mandato o poderes de representación no requieren inscripción en el Registro Público a cargo de la IGJ, según lo dispuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación. La resolución también critica la confusión en la Resolución General IGJ 20/2020 entre los poderes otorgados al representante del administrador de una SAS domiciliado en el extranjero y los poderes de administración y disposición de bienes sociales, y argumenta que esta confusión conduce a una extralimitación reglamentaria.

En resumen, la resolución general 8/2024 cuestiona las modificaciones introducidas por la Resolución General IGJ N° 20/2020 en relación con los poderes de representación en las SAS, argumentando que estas modificaciones exceden las facultades reglamentarias del organismo.

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