La Resolución 816/2018 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, tiene la finalidad de reglar para hacer observar, prevenir, detectar y reportar hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan implicar la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, consagrando las definiciones de cliente, propietario/beneficiario, y los procedimientos orientados a su determinación.

Esta norma establece todos los puntos importantes para que el sistema de “Beneficiario Final” se lleve a cabo, y a su vez se compone de 2 (dos) Anexos para complementar la información. En la misma se puede encontrar las definiciones de “Beneficiario Final” y “Grupo o Conglomerado económico”, así como las personas y entidades que alcanza.

Dispone que las aseguradoras y reaseguradoras locales deberán informar a la SSN, con carácter de Declaración Jurada, su estructura societaria y los sujetos que la componen, así como las personas humanas que ejercen el control real, de manera directa o indirecta, de sus propietarios personas jurídicas (beneficiarios finales).

Esta decisión sigue los más altos estándares internacionales, los cuales recomiendan que el sistema de supervisión atienda a la creciente presencia de los grupos de seguros y conglomerados financieros, así como a la convergencia financiera en el mercado; a cuyos fines resulta conveniente recabar la información necesaria para la identificación del alcance del grupo, y la interconexión, vínculos, participación, o influencia significativa entre sus componentes.