El DNU sustituye de forma integral numerosas disposiciones del Marco Regulatorio aprobado por la Ley N.º 26.221, y del Decreto N.º 304/2006, en consonancia con lo dispuesto por la Ley N.º 27.742, que declaró “sujeta a privatización” a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).

Entre los principales puntos del decreto se destacan:

• Modificación del régimen accionario: El Estado Nacional continuará siendo titular del 90% del capital social de AySA, pero se habilita expresamente su posibilidad de enajenar parcial o totalmente dicha participación, conforme a los mecanismos previstos en las Leyes N.º 23.696 y 27.742.

• Actualización integral del Marco Regulatorio: Se reemplazan más de 100 artículos del Anexo 2 de la Ley N.º 26.221. Entre otras reformas, se redefinen los deberes y atribuciones de la concesionaria, se refuerzan los mecanismos de control y fiscalización, y se habilitan nuevas herramientas de financiamiento.

• Nuevos capítulos regulatorios: Se incorpora un “Plan Director de Mejora Estratégica”, a cargo de la Agencia de Planificación (APLA), con el objetivo de orientar la expansión de infraestructura bajo criterios técnicos y de razonabilidad económica. También se establece un régimen transitorio de hasta cinco años para la implementación gradual del nuevo modelo regulatorio tras la privatización.

• Mayor atribución al Ente Regulador y a la concesionaria: Se amplían las facultades del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y de la concesionaria para asegurar la calidad del servicio, aplicar medidas correctivas ante deficiencias e intervenir en casos de contaminación o uso indebido del sistema.

• Fortalecimiento institucional y contractual: Se prevé la posibilidad de resolver controversias entre el Estado concedente y la concesionaria mediante arbitraje. Además, se clarifica la cooperación entre ERAS y APLA, y se reorganizan las relaciones entre los distintos actores.

Finalmente, el Decreto instruye al Ministerio de Economía —designado como nueva autoridad de aplicación— a proponer un texto ordenado del Marco Regulatorio actualizado, y a impulsar las reformas estatutarias necesarias ante la Inspección General de Justicia.

Esta medida se inscribe en una estrategia de reforma estructural orientada a atraer capital privado, mejorar la gestión y ampliar la cobertura del servicio en un contexto de severas restricciones fiscales y deterioro operativo de la empresa estatal.

 

 

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